Lo que comenzó en 2022 con la detención de un hombre acusado de “ataques a las instituciones de seguridad pública” se ha convertido, según denuncian familiares y defensores, en una larga cadena de presuntas irregularidades judiciales, persecución familiar y abuso de autoridad que mantiene a Alberto “N” privado de su libertad pese a que, aseguran, su medida cautelar ya venció.
De acuerdo con la cronología del caso, Alberto fue detenido en su domicilio en el estado de Veracruz y acusado de supuestos ataques contra elementos de la Fuerza Civil en la ciudad de Xalapa. Desde entonces permanece recluido en el penal de Pacho Viejo, donde —según sus abogados— su proceso se prolongó por más de tres años debido a múltiples suspensiones promovidas por la Fiscalía y avaladas por jueces del sistema penal.
La controversia del caso no sólo gira en torno a Alberto. Su familia también fue involucrada en distintos procesos penales que posteriormente terminaron en absoluciones.
Cuando su hermana viajó desde Coatzacoalcos a la ciudad de Veracruz para conocer su situación jurídica, fue detenida bajo acusaciones similares de ataques a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, durante el juicio oral se acreditó que el vehículo en el que presuntamente participó en los hechos se encontraba asegurado por la propia Fiscalía en la fecha de los supuestos ataques, lo que derivó en su absolución.
Posteriormente, los hijos de la mujer también fueron detenidos cuando regresaban de Veracruz tras visitar a su madre. De acuerdo con lo expuesto en juicio, fueron interceptados por elementos de la Fuerza Civil en la caseta de Acayucan, donde denunciaron haber sido torturados.
El caso derivó en un proceso judicial que concluyó con la absolución de ambos jóvenes al acreditarse que los ataques que les imputaban no existieron, además de abrirse una carpeta de investigación por tortura contra los policías involucrados. Entre las denuncias también se señaló abuso sexual contra una menor de edad durante la detención.
Mientras tanto, el proceso contra Alberto continuó. Tras años de audiencias diferidas, el 1 de diciembre de 2025 se dictó sentencia condenatoria dentro del juicio oral 82/2025.
La defensa sostiene que durante el juicio no se acreditó la existencia del arma con la que presuntamente se habría cometido el ataque. Señalan que el perito en balística no presentó el arma ni fotografías de la misma, lo que, aseguran, evidenciaba la inexistencia del hecho.
A pesar de ello, el juez Álvaro Vázquez Campa, del Juzgado Segundo de Pacho Viejo, dictó condena. Según la denuncia de los familiares, la resolución se habría emitido tras una supuesta instrucción del doctor Víctor Priego Solís, integrante del Órgano de Administración Judicial.
Otro de los puntos centrales del caso es la situación jurídica actual del detenido.
El 20 de septiembre de 2025, el juez Vázquez Campa determinó mantener la prisión preventiva de Alberto hasta el 20 de diciembre de 2025, pese a que —según la defensa— ya se habían superado los dos años máximos que establece el Artículo 20 Constitucional para esta medida.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2025, el mismo juez ordenó ejecutar la sentencia antes de que venciera el plazo para apelar, el cual concluía el 7 de enero de 2026, situación que la defensa considera ilegal.
Al vencer la medida cautelar el 20 de diciembre, los abogados promovieron un amparo urgente. El Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa, dentro del expediente 1458/2025, concedió el 22 de diciembre de 2025 una suspensión de plano ordenando que, si no se renovaban las medidas cautelares, el juez debía ordenar la inmediata libertad del detenido.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia pública de los familiares, hasta el 21 de enero de 2026 Alberto continuaba recluido en el penal de Pacho Viejo, mientras el juzgado federal habría requerido en tres ocasiones información al juez del caso sobre la situación de las medidas cautelares sin obtener respuesta.
Los familiares sostienen que detrás de la permanencia en prisión existirían presiones externas para mantenerlo detenido, presuntamente a solicitud de autoridades de seguridad pública.
“Se trata de una cadena de favores y abusos de autoridad que ha mantenido a una familia completa bajo persecución”, señalan.
Mientras tanto, el caso abre cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y al cumplimiento de resoluciones judiciales federales, especialmente cuando un amparo ordena revisar la legalidad de la detención.
Para la defensa de Alberto, la situación representa un ejemplo de cómo las irregularidades procesales pueden prolongar la prisión de una persona más allá de los límites constitucionales.
Hoy, tras más de tres años y medio de proceso, la familia insiste en que el caso debe resolverse conforme a derecho y que se acate la resolución judicial federal que podría definir su libertad.
“Si esto puede ocurrir con nosotros, podría ocurrirle a cualquiera”, advierten.
