Ciudadanos organizados en el Movimiento Social Independiente han llevado la batalla por el agua potable a los tribunales, con resultados que fortalecen su postura frente a la concesión otorgada a Grupo MAS. Rafael Gómez Casas, integrante del movimiento, informó que se han promovido más de 300 demandas de amparo contra el servicio de agua, de las cuales más del 50 por ciento han resultado favorables para la ciudadanía. El respaldo de la Suprema Corte, que reconoce el agua como un derecho humano consagrado en la Constitución, da sustento jurídico a esta ofensiva legal.
Ciudadanos buscan cancelar concesión de 30 años a Grupo MAS
La estrategia legal forma parte de un esfuerzo más amplio para lograr la cancelación de la concesión que el municipio otorgó a Grupo MAS por un período de 30 años. Según Gómez Casas, la empresa habría incurrido en presuntos incumplimientos contractuales y normativos que justifican la rescisión del contrato. La sociedad organizada mantiene el objetivo de revisar y revocar dicha concesión, ante la incertidumbre que han generado versiones sobre posibles acuerdos entre la autoridad y la empresa concesionaria.
Movimiento pide mesa de trabajo con dependencias federales y estatales
Además de respaldar a la alcaldesa en su gestión, el movimiento busca instalar una mesa de trabajo interinstitucional que incluya a la Secretaría de Salubridad, la Procuraduría del Medio Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El objetivo es coordinar acciones conjuntas entre autoridades y sociedad civil para garantizar el acceso al agua de forma efectiva y transparente. Gómez Casas reiteró la confianza del movimiento en la presidenta municipal y subrayó que el esfuerzo colectivo debe mantenerse enfocado en el retiro definitivo de la concesión.
El agua como derecho humano, eje central del conflicto
El movimiento sustenta su lucha en el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano, argumento que ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta base jurídica ha sido clave para que los amparos presentados prosperen ante los tribunales. La ciudadanía exige que ningún acuerdo con Grupo MAS comprometa el abastecimiento ni los derechos establecidos en la ley, y que las instituciones actúen de forma coordinada para garantizar un servicio digno y continuo para los veracruzanos.
