Transportistas de Veracruz señalaron que no fueron amenazados por el Gobierno del Estado para respetar la tarifa de 7 pesos para estudiantes y adultos mayores, mientras que el pasaje normal quedará en 9 pesos.
Jorge Ramos, vocero de la Asociación de Transportistas de Veracruz, señaló en rueda de prensa que el gobierno les retiró los camiones Ulúa y será la administración estatal quien preste el servicio con estas unidades.
“La gobernadora solicitó la entrega de estas unidades, van a operarla ellos, el Gobierno en las rutas de la conurbación y sin lugar a dudas creemos que será un éxito para los ciudadanos. Se invitó a los compañeros a entregar las unidades, finalmente son propiedad del gobierno”.
Afirmó que muchos concesionarios han quebrado debido a los aumentos constantes, incluso en los últimos 14 años el combustible subió 130 por ciento y el costo de las unidades se duplicó, aunado al incremento en diversos insumos, por lo cual la modernización del transporte no se dará pronto en la zona conurbada.
“No hay condiciones económicas para renovar el parque vehicular, los 9 y 7 pesos no garantizan, no nos voltean a ver para darnos crédito porque no nos alcanzan. Se dio una confusión por parte de nosotros, salimos con 12 pesos, fue por la desesperación en la que nos encontramos en el sector, siempre hay la oportunidad de rectificar el camino y de aceptar con humildad que nos equivocamos”.
Insistió en que no fueron amenazados por el gobierno estatal; sin embargo, sí les retiraron las concesiones de los camiones Ulúa y también se les pueden retirar las concesiones de los vehículos que actualmente manejan.
Paro de transporte
Como se recordará, transportistas aumentaron la tarifa a 12 pesos en la zona conurbada de manera arbitraria y sin autorización del Gobierno del Estado.
Esta situación generó que el día jueves realizaran un paro de labores debido a los operativos que implementó el gobierno estatal, mediante Tránsito y Transporte, para garantizar que los transportistas cobraran 7 y 9 pesos, que es la tarifa oficial.
Esta situación afectó a miles de ciudadanos que viven en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, debido a que no tenían cómo llegar a sus centros de trabajo, escuelas y hogares.
Ante el conflicto, el Gobierno del Estado requisó los camiones Ulúa y los implementó para trabajar de manera gratuita; además, patrullas de la policía estatal y municipal apoyaron a la población, otorgando viajes gratis a bordo de unidades de seguridad pública.
